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A Patricia Pascual, teleoperadora, de 42 años, y Salva Perales, comercial de material de construcción, de 44, los desalojaron la semana pasada con sus tres hijos y el resto de residentes del edificio marrón, de seis plantas, que hay al final de la calle Albal, en Catarroja. En total, 50 puertas, 150 personas. Su historia se repite regularmente estos días en las zonas devastadas por la dana. A medida que los garajes de los bloques son finalmente vaciados de agua y barro ―en el inmueble de la calle Albal, gracias sobre todo al trabajo de los vecinos y voluntarios, que utilizaron para ello una bomba hidráulica prestada por una prima turolense de Pascual―, un arquitecto municipal acude a comprobar el estado del edificio. En el caso de su bloque, el técnico vio que algunos pilares estaban dañados y podían verse las barras de acero de su interior, y dictó el desalojo en tanto no fuera apuntalado y la reparación avalada por un arquitecto.
El matrimonio, sus hijos y los demás vecinos pudieron volver el viernes, algo que también es frecuente: buena parte de los desalojos de este tipo están durando unos tres días. Pero para cuando unos consiguen regresar, otro edificio ha sido vaciado, de forma que la población desalojada por este motivo solo en Catarroja (30.000 habitantes) ronda las 200 personas y la impresión del concejal de Urbanismo, Martí Raga, es que lamentablemente irán aumentando a medida que los técnicos inspección más inmuebles. Y una parte de ellos no podrá volver. De momento hay 11 unifamiliares de la calle Tribunal de las Aguas que presentan daños estructurales que parece difíciles de reparar, aunque todavía se está trabajando en ellos. En total, el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido más de 44.000 solicitudes por daños en viviendas del temporal del 29 de octubre, si bien en dicha cifra se incluyen situaciones muy dispares.
El jueves, frente a su edificio, Pascual y Perales, que compraron su vivienda en 2015 y llevaban desde el lunes durmiendo en casa de familiares, no querían ni plantearse tener que abandonar su casa definitivamente y buscar un alquiler. Después de insistirle, Perales zanjó: “Primero, en Catarroja apenas hay casas para alquilar. Y después, con los gastos que tenemos por delante ―hemos perdido dos coches, mis padres han perdido todos los muebles y con la pensión que cobran vamos a tener que ayudarlos, tenemos tres hijos, y solo la ortodoncia de la niña vale un dineral― pagar un alquiler sería imposible. Tendríamos que pedir un préstamo”.
Los afectados por la dana que sí se han visto obligados a dejar sus casas y han buscado viviendas en alquiler en sus propios municipios se están encontrado con que les piden unas cantidades que no pueden pagar. Unos precios disparados que, según diversas fuentes, son producto de la escalada inmobiliaria previa ―con un efecto contagio desde la ciudad de Valencia― y cierto oportunismo en el que dada la situación de necesidad algunos piden más. El colapso administrativo de los Ayuntamientos, que tienen a todos sus técnicos revisando daños en viviendas y, cuando acaben, los tendrán centrados en autorizar miles de obras de reforma, amenaza con paralizar, además, todas las licencias de nuevas viviendas, agravando la situación.
Uno de los que vio que no podía hacer frente a los actuales alquileres en su pueblo fue Javier ―que pide no ser identificado―, asesor de empresas, que vivía con su mujer y su hijo en una casa de pueblo rehabilitada en la calle Sant Josep de Paiporta. “A la semana más o menos de la dana miramos y solo encontramos ocho pisos en alquiler. Costaban entre 900 y 1.200 euros. Al final, nos fuimos a otro pueblo”, cuenta. En la misma población, la más castigada por la riada, con al menos 70 fallecidos, Amparo Rodríguez, 27 años, contaba el jueves que la noche anterior, como había discutido con su novio, miró posibles alquileres en el portal Idealista. Encontró dos, uno de 950 euros y otro de 1.200 euros al mes. “Me parece que se han puesto abusivos, y más conforme están económicamente las cosas aquí, donde por ejemplo casi todos los comercios están cerrados”, afirma Rodríguez, empleada en el sector sanitario.
A Carlos Martínez, 57 años, 16 de ellos trabajando en una inmobiliaria de Paiporta los precios que vio Rodríguez ―y que comprobó por la mañana siguiente este periódico― le parecían más caros que los de antes de la dana. “Si son así, han subido. Antes un tercer piso sin ascensor podía costar 600 euros. Y un piso seminuevo de 2010 de tres habitaciones, unos 900″, asegura a la puerta de su casa. La oficina donde trabajaba fue completamente arrasada por la dana, que se llevó hasta la puerta. Martínez no cree que la lógica del mercado ―la destrucción causada por los desbordamientos ha aumentado la demanda de alojamiento al tiempo que ha reducido la oferta potencial― debiera operar en una situación como esta. “Al revés, deberían ser solidarios y bajar los precios”, afirma.
Subidas
Los principales portales web de alquiler de viviendas no ofrecen de momento información sobre posibles fluctuaciones en los alquileres en la zona afectada por el temporal. El último informe de Idealista que analiza la situación de Valencia es de octubre de 2024, y no abarca por tanto su impacto. Entre los municipios afectados por la riada solo aporta datos de Catarroja, que reflejan una subida de precios del 33% en los últimos cinco años ―de 600 a 800 euros por un piso de 100 metros cuadrados―. El vicepresidente del colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia, Vicente Díez, advierte, por su parte, que las ayudas al alquiler para los afectados por la dana pueden fomentar subidas: “Tememos que haya quien suba los precios, puede ocurrir, porque ha ocurrido en otras ocasiones”. En este caso, se han anunciado subvenciones de hasta 800 euros. Díez añade que, al mismo tiempo, también hay propietarios “que están dando facilidades a los damnificados por la dana”.
Entre estos últimos no se cuentan, de momento, Matilde Ortí, 57 años, vecina de Catarroja, a quien su arrendadora exigió la semana pasada que abandonara de inmediato el piso en el que llevaba viviendo desde hacía tres años con un contrato verbal, y pregunta con angustia a su interlocutor si no sabrá de alguien que alquile una habitación por 300 euros. Ni Teddy Shiferaw, que era conserje del colegio público Lluís Vives de Massanassa cuando el desbordamiento del barranco del Poyo destruyó el centro educativo y la casa donde vivía con su mujer y dos niñas, que estaba integrada en el recinto escolar. Ahora, en principio, todo será demolido. Shiferaw es conserje municipal de Massanassa ―consiguió la plaza hace 20 años― y mantiene su empleo. Pero ahora con su salario (que no llega a los 1.300 euros) no puede pagar un alquiler ni en su pueblo ni en los de alrededor. “Sigo intentándolo, ya estoy buscando donde sea, pero no hay manera, estoy desesperado”, comentaba este jueves por teléfono desde Quart de Poblet, donde los cuatro están acogidos de momento en casa de una amiga.