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El informe “Hallazgos 2023” publicado por la organización México Evalúa revela que Coahuila se encuentra entre las entidades con mayores porcentajes de imputados a delitos que se han sustraído de la acción de la justicia en todo el país.
Este informe, que se presenta anualmente, se enfoca en el análisis de los sistemas penales y de justicia en México. Además de medir la cifra negra, también examina otros aspectos como la impunidad y la aplicación de medidas cautelares en las causas penales iniciadas.
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De acuerdo con los datos publicados en el informe de 2023, Coahuila registró un índice de 16.98 de imputados cuyas causas concluyeron por la sustracción de la acción de la justicia. Esta resolución puede incluir casos de años anteriores y también abarca las 7,469 indagatorias de la Fiscalía en las que se dictó un auto de vinculación a proceso para continuar la investigación, junto con la imposición de algún tipo de medida cautelar en ese mismo año.
Los datos reflejan las distintas formas de resolución de las causas penales tramitadas en el fuero común. Coahuila destaca también en la implementación de resoluciones como el acuerdo reparatorio, el procedimiento abreviado y la suspensión condicional del proceso, alcanzando un índice de aplicación del 50 por ciento en estas modalidades.
En el informe anterior, el índice de sustracción de la acción de la justicia en Coahuila había sido del cero por ciento. Sin embargo, en la actualidad, la entidad ocupa el segundo lugar más alto del país en este rubro, superada únicamente por Nayarit, que presenta un porcentaje de resolución por sustracción de 22.75 por ciento, mientras que Puebla reporta un 14.38 por ciento.
La organización hizo hincapié en que el problema puede estar relacionado con la aplicación de medidas cautelares aprobadas por los jueces, las cuales debieron ser supervisadas por la Unidad de Medidas Cautelares. “Estos casos nos permiten identificar situaciones en las que la medida cautelar impuesta por las autoridades judiciales no fue adecuada. Una revisión particular de estos casos podría ayudar a identificar los factores que determinan lo anterior, como la falta de evaluaciones de riesgo procesal a cargo de la Umeca o la escasez de personal encargado de supervisar las medidas cautelares en libertad”, indicó la organización.