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Se cumplió el plazo y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Torreón rechazaron volver a sus actividades; por el contrario, decidieron que el paro se mantiene de manera indefinida, pese a las advertencias de descuentos en nómina y ceses por las ausencias.
En las oficinas de calzada Colón y calle Bravo se mantiene la guardia con personal que informa a la gente que camina por aquí sobre las causas para mantener este rechazo a la Reforma Judicial, así como para seguir en el paro de labores, al considerar que no hay condiciones para retomar sus funciones.
El Consejo de la Judicatura Federal emitió la semana pasada un documento donde llama a levantar el paro y la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados de Distrito del Poder Judicial (Jufed) indicó que acatarían la decisión a partir de este lunes, pero que no terminarán sus protestas en contra de la reforma.
No obstante, los trabajadores en Torreón señalaron que persiste la incertidumbre por la eliminación que se proyecta a sus prestaciones y aseguraron que la reforma afecta a todos, además de que ya se proyecta otra iniciativa para que las reformas a la Constitución ya no puedan ser modificadas.
“Puede haber una reforma, por ejemplo, de limitar el internet al Estado Mexicano y que nos mantengan incomunicados, son cuestiones que nos afectan a todos y deben ser revisadas, es una situación que vemos muy grave”, expresó uno de los inconformes.
Son mil 200 personas que forman parte de las diferentes sedes del Poder Judicial en Torreón. El personal ha manifestado su preocupación por la pérdida de las prestaciones que han obtenido a lo largo de los años, mismas que pudieran desaparecer a partir de la conformación del Presupuesto de Egresos de 2025, que se revisará en noviembre en el Congreso de la Unión.
El Consejo de la Judicatura advirtió la semana pasada que las áreas administrativas de los juzgados aplicarán descuentos salariales a los trabajadores del Poder Judicial que no regresen a trabajar. Se indicó que habrá un control de asistencia en juzgados y tribunales para evitar ausencias injustificadas que comprometan la operación del sistema judicial.