Written by 
La Audiencia Nacional ha abierto una investigación al eurodiputado Alvise Pérez por la presunta financiación ilegal de la campaña electoral que le llevó al Parlamento Europeo en las elecciones del pasado junio y le ha ofrecido la posibilidad de declarar el próximo 20 de noviembre.
El juez José Luis Calama toma esta decisión después de que el Tribunal Supremo derivase a la Audiencia Nacional una denuncia contra Alvise presentada por Álvaro Romillo, un empresario de criptomonedas acusado de haber dirigido una presunta estafa piramidal y que entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez en las semanas previas a las elecciones. En concreto, el juez ha acordado abrir una pieza separada independiente de la causa principal y, como primera medida, ha imputado al empresario, según señala el auto conocido este viernes.
En los mensajes entre Alvise y Romillo, a los que ha tenido acceso El Periódico de España y que obran ya en poder del juez, el ahora eurodiputado reconocía que estaba buscando formas de “financiar con seguridad y holgura su campaña sin persecución estatal“. A cambio, le ofreció al empresario hacer promoción de los servicios que este ofrecía y se comprometió a hacer lobby en la Unión Europea para favorecer la legislación comunitaria hacia el mundo cripto.
Tras diversos contactos, el 27 de mayo, es decir, apenas dos semanas antes de las elecciones, Romillo le comunicó a Pérez que podía pasarse por el Sentinel -una de sus oficinas-, para recoger 100.000 euros en efectivo, a lo que este respondió: “100%. Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío”. Según el relato que se desprende de los mensajes entre ambos, cuando Romillo recibió la confirmación de un empleado de que, efectivamente, dicha cantidad había sido entregada le escribió a Alvise para volvérselo a confirmar, respondiendo este último que todo ok y que 100.000 gracias.
Alvise no está imputado
El juez José Luis Calama, que instruye ambas causas desde el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, recuerda en su auto que Alvise, si bien va a ser investigado por estos hechos, todavía no está imputado por ellos.
Eso sí, también deja claro en su escrito que el delito de financiación ilegal de partidos políticos del que se le acusa es un delito de mera actividad, es decir, que no requiere que se produzca el resultado, y tampoco cabe su comisión por omisión, por lo que se entiende consumado con la mera conducta, sin necesidad de que se dé el resultado.
Por lo tanto, no es necesario que Alvise llegase a hacer nada a cambio de ese dinero, aunque sí que participó al menos en un acto de promoción de Sentinel, la empresa en cuyas oficinas de Madrid recibió los 100.000 euros, y en sus primeras intervenciones como eurodiputado ya defendió los derechos de los negocios digitales frente a los “burócratas” europeos.
Romillo, que es quien presenta una autodenuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por su relación con Alvise, ha pasado de testigo a investigado nada más abrirse esta pieza separada del caso en la Audiencia Nacional. Por su parte, el presidente de Se Acabó La Fiesta, que está aforado dada su condición de eurodiputado, por el momento solo se le ha ofrecido la posibilidad de declarar en la causa el próximo 20 de noviembre para ofrecer su versión de lo sucedido, aportar documentos, proponer nuevas vías de investigación o participar en la instrucción de la causa.