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Durante una reunión “bronca”, en definición de una fuente presente en la cita, el PP de Isabel Díaz Ayuso ha impuesto este lunes que se aplique la ley D’Hont a los cupos a disposición de cada partido para seleccionar a comparecientes en la comisión de investigación convocada para esclarecer un supuesto “trato de favor” en la relación con la Universidad Complutense de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De esta manera, si tan solo hubiera cuatro sesiones, como está inicialmente previsto, el PP llamaría a siete comparecientes, por dos de Más Madrid, dos del PSOE y uno de Vox. Y si se ampliara a seis sesiones, como es posible, los conservadores podrían convocar a 10 comparecientes, por cuatro de Más Madrid, tres del PSOE y uno de Vox. Sin embargo, de aplicarse la metodología habitual, cada grupo tendría seis y cuatro comparecientes, respectivamente, uno por sesión, lo que ha provocado una protesta en bloque de la oposición, y que los socialistas se planteen acudir a la justicia, incluido el Tribunal Constitucional.
“La convocatoria de esta reunión no incluía puntos concretos y, por tanto, puntos votables”, explican en Más Madrid, partido representado por el diputado Antonio Sánchez en la comisión. “Aun así, el Partido Popular, contra el criterio de todos los grupos, ha querido que, sin que hubiera orden del día, se votase [la aplicación de la ley D’Hont”, siguen. “Ante las protestas, han dicho que las opiniones se habían expresado ya en prensa en varias ocasiones”, añaden. “Nuestro representante ha dicho que lo normal es que hubiera otra Mesa con un orden del día que expresara qué se va a votar para que los grupos pudieran articular su posición. La propia letrada ha manifestado que sería posible realizar otra convocatoria y, 24 horas después, tener una Mesa en la que se votara”, siguen en el partido que lidera la oposición, que ha mostrado sus dudas sobre la legalidad del procedimiento que ha llevado a que se decidan las comparecencias en función de los resultados electorales.
En una línea parecida se han pronunciado en el PSOE, sabedores de que la estrategia en esta comisión del líder regional, Juan Lobato, cuestionado internamente, será examinada con lupa desde la sede federal de Ferraz.
“Sin un orden del día, nos han instado a votar el cupo de comparecencias”, coincide Marta Bernardo, representante del PSOE en la comisión. “Estaba claro, desde el mismo día de constitución de la comisión, que el PP y la presidenta de la mesa [Susana Pérez Quislant] querían que fuera la ley D’Hont la que rigiera el número de comparecencias, y ha sido una encerrona más de las que nos tienen acostumbrados [el PP, que tiene mayoría absoluta] en la Asamblea”, ha seguido. “Esto no quiere que se normalice. Por tanto, tomaremos las medidas que creamos oportunas. Esta no es una comisión de investigación, sino que es una comisión de persecución”.
Esto ha contrapuesto Carlos Díaz-Pache, el portavoz del PP en la Asamblea, donde la mayoría absoluta de los conservadores les permite hacer y deshacer: “En esta Asamblea todo se hace por proporcionalidad, como es lógico. Los madrileños dan una representatividad a cada partido, y esa representatividad se traslada al número de escaños, despachos, preguntas… y a esta comisión también”.
Sin embargo, la oposición cree que esa posibilidad contraviene las costumbres de la Cámara. Vox, por ejemplo, argumenta en un escrito de protesta que las comisiones no permanentes (de estudio o investigación, como esta) están formadas por un número igual de diputados para cada grupo, frente a las permanentes, en las que sí se tiene en cuenta que la representación sea proporcional al resultado electoral. Eso, según interpreta el partido de extrema derecha, detonaría la voluntad del legislador de que las investigaciones se desempeñen en igualdad de condiciones. De esta manera, argumenta Vox, el PP trataría de “sacar ventaja o rédito político y anular o cercenar el derecho a la participación del resto de grupos parlamentarios” con el rodillo de su mayoría absoluta.
Los partidos tienen hasta la tarde de este martes para registrar sus peticiones de comparecencia, que tendrán que pasar el examen de la Mesa del Parlamento, controlada por el PP, al viernes siguiente.
Más Madrid, por ejemplo, lleva ya registrados una decena de comparecientes. El sistema que evalúa el PP para la comisión le obligaría a dejar fuera a seis de las personas que quiere convocar, incluso a más si las sesiones de la comisión no apuran el mes de febrero y se terminan antes de que acabe 2023. Así, el partido de Bergerot quiere convocar a los seis rectores de las universidades públicas madrileñas, y también al consejero de Educación, Emilio Viciana, la consejera de Economía, Rocío Albert, y al presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, en su caso para valorar posibles tratos de favor a la Fundación Fray Jiménez Cisneros. Además, el partido que dirige Manuela Bergerot querría que declararan exlíderes del PP como Pablo Casado, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes.
Gómez, que previsiblemente será convocada el 13 de noviembre, como el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, venía codirigiendo hasta ahora dos másteres en el centro educativo madrileño, ocupación por la que ha sido citada a declarar por la justicia como investigada por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.
El caso, por lo tanto, se dirime ahora mismo en dos escenarios: en los tribunales y en el Parlamento de Madrid, donde el PP y Vox no descartan pedir la comparecencia de Sánchez, cuyo equipo considera que la convocatoria de Gómez “rompe todos los puentes del entendimiento político”.