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Fuera de las Tablas de la Ley o el Código de Hammurabi, las demás leyes no están escritas en piedra –con toda la alegoría que esto representa–, por lo tanto, pueden derogarse, reformarse, transformarse o desaparecer. Este es el drama que representa la propuesta de la desaparición y transformación de los organismos autónomos que, como su nombre lo indica, no deben de subordinarse a ningún tipo de intereses.
Autónomo (auto-yo / nomos-ley), significa darse una ley a sí mismo, en resumidas cuentas, no depender de nadie. La idea fundamental era que estos organismos no estuvieran subordinados a otro poder. Muchos de ellos aparecieron por los años noventa, como una especie de legitimación, en el caso de México, del poder hegemónico que representaba el partido que desde 1929 gobernaba el país. Se requería lavarse la cara y, por supuesto, también por los requerimientos internacionales a los que nuestro país se ha suscrito −sin pensarla dos veces− y que solicitan apego a las formas democráticas.
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Por esos tiempos, la peregrina idea de ser un país de primer mundo estaba más vigente que nunca. En 1994 comenzaba Transparencia Internacional (Índice que mide en el mundo los niveles de corrupción de los países que lo conforman) y México se sumó en 1995; en ese momento 41 países lo conformaban, México se encontraba en el lugar 32 y gobernaba Carlos Salinas. Saque sus conclusiones.
Por tanto, el contexto y la coyuntura –no la voluntad y determinación del presidente en turno– fueron el campo fértil para la aparición de organismos u órganos autónomos como el Banco de México (Banxico), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi); la Comisión de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre otros. Todos con ellos con atribuciones propias y, como su nombre lo indica, sin estar subordinados a otros poderes, cualquiera que sea.
Por supuesto, el momento requería de la aparición de esos organismos. Muchos de ellos mutaron como debieron de haberlo hecho y, según la teoría de Darwin, otros no se adaptaron al medio o simplemente se ajustaron a otros microsistemas, los de la corrupción. Está claro, en mucho, son los altos índices de corrupción por los que estas iniciativas se concretizan.
Lo cierto es que nada está escrito en piedra. Un elemento que podría solucionarnos mucho de lo que aquí se comenta, es saber, por ejemplo, las veces en que usted utilizó como ciudadano cualquiera de los órganos autónomos mencionados, le pongo un ejemplo: ¿cuántas veces utilizó el INAI o el ICAI? O, en el caso de un país vilipendiado y donde se transgreden los derechos humanos con tanta frecuencia, ¿cuántas veces ha hecho una queja a la CNDH? Habló de los organismos que podemos utilizar los mortales.
Por otra parte, ¿sabe cuántos organismos desaparecen, cuántos se transforman y cuántos se fusionan? Y los que desaparecen, ¿con qué frecuencia los utilizó o los utilizan los ciudadanos en nuestro país? ¿Qué tan eficientes han sido? ¿Realmente solucionaron las problemáticas que tenían los ciudadanos en su momento o simplemente permanecían en la opacidad? Digo, “a palo dado, ni Dios lo quita” y a “toro pasado, cualquiera” y, en el entendido, “que pagan justos por pecadores”, una buena cantidad de trabajadoras y trabajadores tristemente se quedaran sin empleos. Es obligación moral de quien propone la desaparición de tales organismos resarcir el empleo de mucha gente sencilla que tenía ahí su fuente de trabajo. Lo cierto es que algunos organismos se convirtieron en entes de complicidad de los gobiernos en turno.
Objetivamente así fue. Han sido y son instituciones que perdieron el rumbo de la intención original de su creación. Y sí, las políticas públicas actuales internacionales se centran en aumentar el desarrollo humano y en reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas, creando instituciones eficaces, responsables y transparentes en todos los niveles y garantizando el acceso público a la información y protegiendo las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales (ONU, 2023: p. 44); de ahí que es importante seguir revisando la viabilidad de la existencia de dichas instituciones y organismos, por una razón, nada está escrito en piedra.
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Por supuesto, el problema para los inconformes es quien lo propone, lo otro, el motivo por el que se hace y se sospecha; reducir la nómina para apoyar los programas sociales no puede ser la base para la desaparición o transformación de estos. Lo cierto es que sí se requiere la transformación de las instituciones y, por supuesto, se necesitan de organismos transparentes que no oculten nada, que no sean cómplices de injusticias y, sobre todo, que busquen derrocar la cultura del secreto, la desinformación y el verticalismo.
No me diga que ya olvidó la forma en que se designaron algunos organismos autónomos el 9 de enero del presente año: cuando se le fue de las manos al entonces presidente nacional del PAN, éste le reclamó al gobernador de Coahuila −uno de los dos bastiones del priismo agonizante− “la falta de respeto”, o mejor dicho, el cinismo y la desfachatez, por no respetar los “acuerdos” en el reparto de notarías, la universidad pública más importante y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI). Formas, comportamientos, roles y demás formas de usos y costumbres de quienes históricamente se repartieron el botín del erario público en nuestro país. Así las cosas.