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La Justicia italiana reclama 89 millones de euros al grupo aceitero Deoleo, dueño de marcas como Carbonell o Koipe por una inspección aduanera a dos de sus filiales. A través de su filial Carapelli Firenze, la compañía “ha recibido del tribunal de segunda instancia italiano la notificación de una sentencia desfavorable” respecto a una reclamación fiscal, según explica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Deoleo detalla al supervisor del mercado bursátil que “la disputa trae causa de la inspección aduanera iniciada en el ejercicio 2014 por la Oficina de Aduanas” a su filial.
“El procedimiento usado por Carapelli Firenze durante el periodo que está siendo objeto de investigación ha sido extensamente empleado por compañías multinacionales y fue heredado” por la compañía española tras la compra del negocio en Italia.
En concreto, explica que la Inspección Aduanera cuestionó el “contrato de procesamiento por encargo” que “fue suscrito por Carapelli International”, un negocio hoy disuelto y la citada Carapelli Firenze. “En virtud de este contrato, Carapelli Firenze se encargaba del procesamiento del aceite de oliva proveniente de fuera de la Unión Europea, acogiéndose a una serie de reconocidas exenciones fiscales en Italia bajo la normativa aduanera comunitaria”, asume. “La Oficina de Aduanas argumentó que Carapelli Firenze no debería haberse beneficiado del correspondiente régimen fiscal por, a su parecer, carecer Carapelli International de autonomía en la toma de decisiones”.
Ahora, Deoleo, a través de Carapelli Firenze va a solicitar la suspensión del pago del importe reclamado que asciende, aproximadamente, a 89 millones de euros y que incluye una estimación de intereses de 26 millones de euros. Además, indica que recurrirá la sentencia ante la Corte de Casación. “La Sociedad reafirma su posición legal”, afirma a la CNMV y “tiene sólidos argumentos que apoyan su defensa al objeto de ganar el pleito”.
Justifica que “la argumentación esgrimida por la Oficina de Aduanas acerca de la necesaria autonomía en la toma de decisiones por Carapelli International no está fundamentada ni en la normativa aduanera italiana ni en la de la Unión Europea, y no existen precedentes judiciales en la Unión Europea en línea con los argumentos empleados por la Oficina de Aduanas”. Por ello, asegura que “solicitará a la Corte de Casación que plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Unión Europea” y “de confirmarse la postura defendida por la Oficina de Aduanas, el negocio en Europa de grupos internacionales se vería afectado significativamente”.
También asegura a la CNMV que “Carapelli International era una entidad con sustancia económica que contaba con los recursos materiales, de personal y de capacidad operativa necesarios para suscribir y cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de procesamiento por encargo. De hecho, la Oficina de Aduanas había reconocido en sus documentos de verificación y evaluación la validez del contrato de procesamiento por encargo”, concluye.
Como referencia sobre el impacto de la multa, Deoleo perdió 34 millones durante el ejercicio 2023, que atribuyó a la subida de precios del aceite durante el pasado año.