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Impulsan una promisoria estrategia federal de seguridad, pero sentencian a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a otros cinco años de irrelevancia. ¿Y las víctimas?
Se vienen años muy difíciles para ellas. Aumentarán los balazos y los afectados por la inseguridad, recibiremos a los mexicanos deportados por el gobierno de Donald Trump y seguirá sintiéndose el deterioro en el sistema público de salud federalizado en agosto de 2023.
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Conversé sobre los flujos de población con Tonatiuh Guillén, el académico que fue el primer comisionado de AMLO en el Instituto Nacional de Migración (INM). Me sintetiza el panorama: el trato a los migrantes que llegan continuará militarizado y México no está preparado para recibir a los mexicanos que deportará Donald Trump.
De los organismos públicos creados para atender los derechos violentados queda bastante poco: con la castración pública de la CNDH culminó un sexenio de asfixia para el sector. Pese a la relevancia de los desaparecidos, a la Comisión Nacional de Búsqueda se le desmanteló y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) vive las consecuencias de fuertes dosis de austeridad republicana: recibió 743 millones de pesos en 2019 y mil 012 este año pese al crecimiento sin precedentes de homicidios y desapariciones.
A la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados le fue mejor porque los 20 millones que se le otorgaron en 2019 subieron a 51 millones este año. Es una cantidad ridícula para el alud de solicitudes de asilo que recibe. Si logra hacer un buen trabajo será por el respaldo financiero del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Esto me lleva a las comisiones estatales encargadas de proteger derechos. Algunas son figuras de ornato, pero otras han hecho un muy buen trabajo en la atención de los olvidados. Me centro en la CDMX y Coahuila, dos entidades que hemos estudiado a profundidad en el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México.
El Senado calificó a los 15 finalistas de la competencia para renovar la presidencia de la CNDH y otorgó el primer lugar a Nashieli Ramírez Hernández, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), un justo reconocimiento a una ciudad gobernada por la izquierda desde 1997.
La Coahuila priista tiene la doble medalla de haber derrotado −con ayuda federal− a los sanguinarios Zeta y de convertirse en pionera de la atención a víctimas. El Centro Regional de Identificación Humana de ese estado es referente nacional e internacional de la búsqueda forense con enfoque masivo. El contraste con la federación es clarísimo: Palacio Nacional ha sido incapaz de crear una institución de este tipo.
No son las únicas entidades con buenos organismos públicos. Pese a la aversión de partidos y gobiernos a organismos independientes, hay titulares que han conquistado espacios de maniobra para ejercer la autonomía y contener la violencia criminal y los abusos de poder.
Esto me lleva al punto de partida. Algunas de las víctimas están bien organizadas sin que eso altere un panorama de atomización generalizada que les impida llegar a acuerdos mínimos. Es una lástima que así sea porque la historia es muy clara al respecto: los damnificados de la historia se transforman en protagonistas cuando sus causas adquieren presencia nacional general, aunque no necesariamente, por la presencia de liderazgos fuertes.
Los desaparecidos por la Guerra Sucia ocuparon el escenario cuando Rosario Ibarra de Piedra organizó una huelga de hambre en 1978, Alejandro Martí y Javier Sicilia honraron a sus hijos levantando el tema de las víctimas de la violencia criminal en 2008 y 2011, y las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa iluminan desde 2014 las consecuencias del pacto de impunidad entre criminales y gobernantes.
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En la agenda inmediata sobresalen dos temas. Es urgente que ellos y quienes los respaldamos incidamos en los perfiles y en la gestión de los organismos públicos estatales. Quienes vivimos en la capital recordemos que Nashieli Ramírez terminará su mandato en noviembre de 2025 y vendrá una disputa feroz por una Comisión que este año recibió 497 millones de pesos.
En conclusión, las víctimas tendrán la prioridad que merecen cuando se conviertan en sujetos de su historia.
Colaboraron Elena Simón y Sebastián Rodríguez